Noticias

LAS CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
JALED ABDELRAHIM - Robledo de Chavela - 08/06/2010 el 09-06-2010, 00:13 (UTC)
  "Venimos a empadronarnos", anuncian al cruzar la puerta del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, donde gobierna el PP, Mimount El-Jafoufi y Moustapha El-Fezazi, un matrimonio marroquí que reside desde marzo en este municipio del noroeste de Madrid.

Traemos nuestra documentación y el contrato de arrendamiento de la casa -añaden.

-¿Tienen ustedes contrato de trabajo? -les pregunta una empleada.

-No.

-Pues sin contrato de trabajo, no empadronamos. Vuelvan ustedes cuando lo consigan -responde la funcionaria.

Media hora más tarde, un español se interesa por la misma gestión. La trabajadora le pregunta por su nacionalidad y solo le pide un contrato de alquiler o un título de propiedad de un piso para empadronarse en la localidad.

-¿Nada más?

-Solo eso.

El Ayuntamiento de Robledo, gobernado por el PP con mayoría absoluta, y con un 14% de población inmigrante entre sus 3.800 habitantes, se suma a la lista de municipios españoles que han intentado aplicar normas ilegales para impedir el empadronamiento de extranjeros en su término municipal. Este Consistorio exige un contrato de trabajo, a los que no tienen nacionalidad española, como requisito indispensable para poder empadronarse allí.

A los españoles, sin embargo, tan solo se les solicita el documento nacional de identidad y la fotocopia del contrato de arrendamiento o de compra de una vivienda dentro del municipio. Los únicos documentos que efectivamente exige para acceder al padrón la Ley de Bases del Régimen Local (de obligatorio cumplimiento en todo el Estado).

"Llevamos en España desde 1993", cuenta el matrimonio de marroquíes tras recibir una nueva negativa a su empadronamiento. Desde que hace unos meses tuvieran que cerrar la carnicería que regentaban en Burgos y decidiesen instalarse en este municipio con el sueño de montar otro negocio, Mimount, Moustapha y sus tres hijos han intentado una y otra vez empadronarse en Robledo. Sin éxito. Aseguran que en alguna ocasión, el mismo alcalde, Mario Anselmo de la Fuente (15 años como regidor), les ha informado de que, a no ser que consigan un contrato laboral, no podrán darse de alta en el padrón. Un trámite necesario para poder acceder a servicios tan básicos como la educación o la sanidad gratuitas, indispensables para familias como la de estos marroquíes, que subsisten con los 400 euros de subsidio que recibe la señora.

"Hemos vivido en Segovia, en El Escorial, en Galapagar, en Cercedilla y en Burgos. Y jamás hemos tenido ningún problema para esto. Hasta que hemos llegado aquí", asegura Moustapha. "En una ocasión el alcalde nos dijo: ¿A que a mí no me dejarían empadronarme en Marruecos?", continúa el afectado.

Los inmigrantes de Robledo afirman que el requisito entró en vigor hace aproximadamente dos años, y que desde entonces empezaron los problemas para registrarse. Una situación que la oposición en el Ayuntamiento (formada por tres concejales socialistas frente a ocho del PP) ya denunció a través de su boletín en mayo de 2008, y por la que ahora pedirá cuentas ante el grupo de gobierno en el pleno ordinario de finales de este mes.

"El alcalde lleva tanto tiempo en el poder que ya hace las cosas como él quiere", denuncia el portavoz municipal socialista, Adolfo Ventero. Kamal Rhamouni, presidente de la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, ATIME, también se suma a la denuncia: "Hemos recibido cinco quejas por escrito de vecinos de Robledo perjudicados por este asunto", afirma. Según Rhamouni, las protestas empezaron a surgir a principios de año, cuando los medios dieron a conocer dos casos de discriminación similares en Vic (Barcelona) y Torrejón de Ardoz (Madrid). En el primero, se impedía el empadronamiento a los sin papeles, y en el segundo, a los extranjeros que viviesen en pisos de menos de 20 metros cuadrados por inquilino o a los que tuviesen certificado de turistas. (En ambos municipios los equipos de gobierno se vieron obligados a dejar de aplicar sus normas ilegales).

Pero el alcalde de Robledo no parece querer deshacer su envite. Ayer, se negó a responder a este diario por qué aplicaba normas ilegales. "Solo daré explicaciones de lo que hago en mi municipio si me lo exigen los tribunales", respondió. Sin embargo, por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, de su mismo partido, se manifestó en sentido opuesto el pasado viernes al asegurar que "no tener un contrato de trabajo no es motivo para no empadronar a nadie". "La obligación de los funcionarios y cargos públicos es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y desde luego cumplir leyes", advirtió Granados.

Algunos extranjeros como Hassan, otro marroquí del municipio, aseguran que llevan más de un año intentando su registro, informa Carlos Rosillo. Aunque por el momento, los inmigrantes afectados en Robledo están teniendo suerte con la escolarización de los niños. El colegio no les ha exigido el certificado. Algo que no sucede en lo que a atención médica se refiere. "Alguna vez me han atendido, pero la última me tuve que coger un tren al Escorial con un dolor de espalda tremendo", relata Mimount. "Aquí me dijeron que no podían atenderme porque no estaba empadronada", asegura mientras sujeta su inútil contrato de alquiler.
 

El Gobierno regional denuncia "persecución policial" a inmigrantes LAS CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID Interior asegura que no hay redadas, sino controles para vigilar la delincuencia
SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 08/06/2010 el 09-06-2010, 00:10 (UTC)
 Ya lo denunció en la Asamblea de Madrid el pasado 13 de mayo, pero ayer la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, volvió a insistir en la tesis de que existe una "persecución policial" a los inmigrantes por sus rasgos o su color "por órdenes del Ministerio de Interior", algo que calificó de "absolutamente intolerable". Se producen, dijo, "no por indicios de la comisión de un delito, sino por el color de la piel".
Un portavoz del ministerio negó tajantemente que haya "redadas dirigidas a los inmigrantes". "Hay controles policiales, pero responden a criterios de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia. Nunca van dirigidos a los extranjeros", subrayó. Y recordó que el pasado febrero el director general de la Policía y la Guardia Civil envió una instrucción en la que establecía los criterios para estos controles.

Adrados aseguró en conversación telefónica que, desde que llegó a la consejería el pasado 18 de marzo -para sustituir a Javier Fernández-Lasquetty que dejaba el cargo para ocupar la vacante de Juan José Güemes en Sanidad-, viene recibiendo quejas al respecto de inmigrantes. "Me dicen que están sometidos a una persecución policial por órdenes del Ministerio de Interior", explicó la consejera. "Por eso evitan ir a determinadas bocas de metro, a algunos colegios o locutorios porque les da miedo".

Pese a que la propia consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no se repitieran las redadas, pero insistió en que siguen produciéndose. "Existían y siguen existiendo", recalcó. Adrados, que se sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos policiales, restó responsabilidad a la policía. "Los agentes no son culpables, cumplen órdenes de una circular que promueve una actividad de control indebida", aseguró. Como única prueba, afirmó que en 2009 la policía hizo 445.000 identificaciones. "Son 1.200 al día", remarcó. El portavoz de Interior explicó que no sabe de dónde salen esos datos, porque la policía no hace estadísticas sobre identificaciones. Y menos siguiendo como criterio la nacionalidad. "Vienen repitiéndose las denuncias, pero no se aportan datos reales", remachó.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, eludió apoyar en esta tesis a su compañera de filas y se remitió a declaraciones anteriores, en las que el consejero ha alabado el trabajo de la policía en la región.

También la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, negó que existan redadas en Madrid e insistió en que en todas las actuaciones policiales se respetan los derechos y libertades. "La policía cumple estrictamente la ley", zanjó.

Pero, sobre todo, Valcarce reprochó a la nueva consejera de Inmigración su "deslealtad" por no haber comunicado a la Delegación del Gobierno cualquier queja en este sentido antes de hacer declaraciones públicas reprobando la actuación del Gobierno central. "En ningún momento la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración ha comunicado, ni ha expresado, por los conductos oficiales, dentro de la lealtad institucional, ninguna queja, denuncia o comentario", afirmó. "Es intolerable que siendo como es una responsable de un Gobierno autonómico, no utilice los conductos habituales, como debería ser lo lógico".
 

Un total de 22 detenidos en una operación contra la inmigración ilegal en Salou
Salou (Tarragona), 4 jun (EFE).- el 07-06-2010, 13:08 (UTC)
 Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policía Local de Salou han llevado a cabo una operación policial conjunta contra la inmigración ilegal que se ha saldado con la detención de 22 personas.
Fuentes municipales han informado de que el operativo se ha desarrollado en dos fases: el pasado 23 de marzo fueron arrestadas once personas y, entre el 2 de junio y esta madrugada, han sido detenidas otras once en aplicación de la ley de extranjería.

Se trata de personas de diferentes nacionalidades (Marruecos, Brasil, Pakistán, Guinea, India y Senegal) que se encuentran de forma ilegal en España y que fueron trasladadas a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Tarragona para incoar los respectivos expediente de expulsión.
 

Denuncian malos tratos a inmigrantes latinos
Agencia AFP el 06-06-2010, 11:55 (UTC)
 Organizaciones no gubernamentales denunciaron discriminación contra personas "por sus rasgos físicos". También advierten por persecución policial a indocumentados.

domingo, 06 de junio de 2010

Madrid. Detienen "a los más morenitos, a los más chaparritos", dice Mariela, nicaragüense de 27 años, sin permiso de trabajo, cuando relata las tres detenciones que sufrió en un año en España, donde el gobierno condena la ley antiinmigración de Arizona y niega que la policía detenga a la gente por sus rasgos faciales.

Para Mariela, es una "mentira" decir que en España "no hay una política indiscriminada de detención de personas por su aspecto físico", como aseguró esta semana la secretaria de Estado española de Inmigración, Anna Terrón.

"Detienen a los más morenitos, a los más chaparritos, por ejemplo, los bolivianos y los ecuatorianos son bajitos y a ellos los detienen a todos", relata Mariela a la AFP bajo un nombre ficticio.

En las tres veces que ha sido detenida durante unos días, no ha "visto que a una persona blanca le pidieran los documentos" y a los latinoamericanos, si no hacen caso al requerimiento de la policía, "los siguen" hasta que enseñan sus papeles, relata esta joven que llegó a España hace algo menos de dos años para trabajar y enviar dinero a su familia.

Efectivos de la policía del "Grupo Operativo Extranjeros" suelen apostarse dentro o fuera de paradas de metro de barrios donde residen inmigrantes para detener a los indocumentados durante un máximo de tres días.

A Mariela la han detenido tres veces en un año en o cerca de una parada de metro y cada vez ha pasado entre 12 y 48 horas en las celdas de la comisaría de policía de Aluche (sur de Madrid).

"Te quitan los cordones de los zapatos, los aretes, el sostén, te revisan, te dicen que te bajes tus bragas, te guardan tus cosas" y en una de las seis u ocho celdas "te juntan con delincuentes, ladrones, drogadictos...", relata.

La detención termina al llegar el abogado de oficio y el inmigrante recibe una carta en la que la policía recomienda al juez la expulsión por "indocumentado".

Pero para que esa carta no termine en orden de expulsión, en los siguientes tres meses se puede pedir pagar una multa, como hizo Mariela, que relata que en la comisaría se ha encontrado con personas a punto de ser expulsadas porque recibieron la orden, pero no se enteraron y no apelaron.

La comisaría de Aluche está conectada con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital española, uno de los nueve centros de detención existentes en España para "sin papeles", que pueden estarlo hasta 60 días, y después tal vez ser expulsados.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado en ellos malos tratos y Paraguay criticó hace unos meses que a sus nacionales detenidos se les negaba la atención consular.

El metro no es el único lugar donde se hacen redadas policiales: a su hermana la detuvieron en un locutorio telefónico, frecuentados por inmigrantes, y los agentes también entran en locales de asociaciones de estos colectivos y en "discotecas latinas", de donde se llevan a los indocumentados en "microbuses".

La secretaria de Estado de Inmigración reconoció esta semana que en España se "expulsa" a inmigrantes irregulares, pero estimó que "lo razonable es hacerlo cuando detectas la entrada de las personas" en el país y no cuando ya están instaladas.

Mariela casi se expone a esto, ya que al llegar a España también fue detenida durante dos días en el aeropuerto a pesar de que tenía el visado de turista y todos los requisitos que pide la Unión Europea (UE): salió gracias a las gestiones del consulado de su país.

Terrón, que condenó la ley de control de la inmigración ilegal del Estado estadounidense de Arizona (limítrofe con México) por estimar que "no soluciona nada" y "va a generar tensiones sociales".

Pero el año pasado, varias asociaciones se querellaron contra el ministerio del Interior por estas redadas y sindicatos de policías denunciaron que se les imponían cupos de detención de inmigrantes ilegales.

El número de irregulares expulsados aumentó tras la avalancha de llegadas de extranjeros en 2006 pero el año pasado bajaron un 18%, hasta 38.000, debido al menor número de llegadas por la crisis.

Y ello en un país con un 12,2% de población extranjera, es decir 5,7 millones de un total de 47 millones. Un 26,6% de los extranjeros son latinoamericanos (1,45 millones), la mayor comunidad no europea, según cifras oficiales. Agencia AFP

 

España sumó un millón de pobres entre 2007 y 2009
Así lo señala un informe de Cáritas que atribuye el incremento a las consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país. el 05-06-2010, 00:21 (UTC)
 viernes, 04 de junio de 2010

Mientras las bolsas del mundo caen y la crisis económica se agudiza en Europa, España padece una mala noticia: Cáritas afirma que las personas que viven por debajo de la línea de la pobreza se incrementaron en un millón entre 2007 y 2009.

Según los datos presentados, 22,7% de la población española es "moderada" o "severamente" pobre de un total de 46,5 millones de habitantes. El dato contrasta con la medición de 2007 que indicaba que la cifra de ese año era de 19,3% (alrededor de 45 milliones de personas).

Estos datos presentados por la ONG católica permiten calcular que el número de pobres aumentó en más de un millón de personas. Cáritas estima que "en conjunto, los niveles de exclusión social han aumentado un 13,5% en estos dos años.

Si en 2007 había un 48,9 % de la población que estaba integrada -es decir, sin problemas de exclusión social- ese porcentaje se reduce al 35,2% en 2009", afirma el comunicado. La economía española entró en recesión a finales de 2008 y recientemente ha empezado a registrar crecimiento.

El desempleo aumentó del 8% de la población activa en 2007 al 20% actual. El estudio se llevó a cabo entre 3.500 personas en 1.683 familias. El umbral de la pobreza se estableció en el 60% de los ingresos medios de una familia, que se situaron en 11.200 euros anuales en 2007 y 10.000 euros anuales en 2009.
 

La UE financiará la devolución de menores inmigrantes
EL PAIS el 03-06-2010, 21:14 (UTC)
 Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea han acordado hoy un paquete de directrices que implican que el tratamiento de los inmigrantes menores no acompañados se efectuará con criterios comunitarios. En las conclusiones del Consejo celebrado en Luxemburgo se decidió también que la Comisión "priorice el apoyo financiero a las acciones específicas y programas para menores no acompañados con recursos del Fondo Europeo de Retorno para el periodo 2008 -2013".
La decisión se inspira en una iniciativa presentada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en julio de 2009 , que en diciembre pasado obtuvo un respaldo inicial del Consejo y parte de sus ideas fueron desarrolladas en una comunicación de la Comisión a principios del pasado mes de mayo. El establecimiento de un marco comunitario sobre el tratamiento de los menores no acompañados figuraba entre los objetivos de la Presidencia Española de la UE. España, en donde se estima que se encuentran unos 5.000 menores inmigrantes no acompañados, planteó en su programa para la presidencia de la UE que esta cuestión se debía "abordar con un enfoque global que tenga en cuenta la prevención, la protección y el retorno de los menores con sus familias o a instituciones de tutela de sus países de origen".

El Consejo ha decidido que con fondos comunitarios se "apoye a las familias y comunidades para la reintegración de los menores retornados" y que se "promuevan oportunidades de formación y educación para los menores devueltos". En este sentido, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, señaló que el plan de la Unión pretende asegurar que la "familia debe tener asegurada todas las garantías para que el niño pueda ser educado y pueda crecer de forma integral".

Los ministros acordaron igualmente otorgar "el apoyo para las autoridades de los países de origen o retorno en la gestión de la devolución, creando centros de recepción que puedan proporcionar cuidado a los menores, cuando las familias no puedan ser localizadas, para facilitar la reintegración de los menores en su medio social y cultural garantizando el máximo respeto de sus intereses". La devolución de los menores a otros países distintos de los que fueran originarios es uno los aspectos más conflictivos de la decisión de la UE que ya se puso de manifiesto en la pasada polémica directiva de retorno de inmigrantes.

Por otra parte, la Comisión reconoce que las estadísticas sobre menores no acompañados "no están muy extendidas o carecen de coherencia". De todas formas señala que según los datos aportados a la red europea de migraciones, en 2008 en la UE se recibieron 11.292 peticiones de asilo presentadas por menores no acompañados en 22 Estados Miembros, lo que supone un 40% más que el año anterior. Teniendo en cuenta que sólo un porcentaje pequeño se atreve a presentar solicitud de asilo, fuentes comunitarias estiman que el número de menores no acompañados que se encuentran en la UE podría oscilar entre 50.000 y 100.000 niños.

El acuerdo permitirá a las autoridades españolas utilizar parte de los 350 millones de euros que la UE transfiere a España para atender a los inmigrantes.
 

<-Volver

 1  2 Siguiente -> 





Añadir comentario acerca de esta página:
¿Que entrada desea comentar?
Su nombre:
Su dirección de correo electrónico:
Su mensaje:

 
Publicidad
 
 

=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=